Consideraciones para la fijación del domicilio social de una empresa

La fijación del domicilio social de una empresa en una u otra ciudad tiene una relevancia considerable, ya que éste constituye el punto de referencia para la ubicación donde se dirimirán los asuntos de la empresa.

La determinación del domicilio social es una decisión estratégica (a nivel burocrático) importante para cualquier sociedad, en tanto que numerosas gestiones y procedimientos en los que se protegen los derechos de los socios, acreedores y otros intereses podrán tener distintos resultados. La normativa establece determinados procesos de protección de derechos de socios y acreedores en los que intervienen los Juzgados de lo Mercantil, o el Registro Mercantil correspondientes al domicilio social.

Concretamente, el domicilio social se define en los Estatutos Sociales de la sociedad, y suele coincidir con la ubicación del mayor centro de trabajo, o bien con la oficina central gestora de la actividad.  La Ley de Sociedades de Capital determina que dicha ubicación deberá ser localizada donde se encuentre la dirección efectiva y gestión de la actividad empresarial.

Debemos diferenciarlo del domicilio fiscal, en tanto que ambos domicilios no tienen porqué coincidir. El domicilio fiscal es el lugar donde la sociedad adscribe su actividad a la oficina de la Agencia Tributaria correspondiente, por ello, es el lugar donde se liquidan y gestionan los tributos de la sociedad.

Las sociedades de capital fijan el domicilio social en el acto de constitución, y es objeto de la inscripción que se realiza en el Registro Mercantil, por tanto, es un dato que tiene carácter publico. El domicilio Fiscal, sin embargo, no es un dato público, sino que solo es comunicado a la Agencia Tributaria.

En tanto que este elemento esencial de las empresas se encuentra recogido en los Estatutos Sociales, dependerá de lo restrictivo en su redacción que el cambio de domicilio social pueda ser más difícil, por tener que someterse al voto de socios o accionistas, o mas fácil por ser una potestad del órgano de administración.

La Ley de Sociedades de Capital, otorga de manera inclusiva, la potestad de modificar el domicilio social dentro del territorio nacional al órgano de administración, si bien, en la práctica de las pequeñas y medianas empresas esta potestad se recomienda que sea limitada tan solo a un cambio de domicilio social dentro de la Comunidad Autónoma.

El cambio de domicilio social implica una modificación de los Estatutos Sociales, por lo que llevarlo a cabo, en el caso de que se limite expresamente la potestad del órgano de administración, conllevaría la necesaria celebración de una Junta general para tomar el acuerdo, lo cual siempre genera cierta demora en la toma de la decisión y su efectiva ejecución. El acuerdo del cambio de domicilio social se deberá elevar a público, con la correspondiente modificación de los Estatutos Sociales, y su correspondiente inscripción en el Registro Mercantil del nuevo domicilio social.

Por todo ello, los Estatutos sociales que rigen la sociedad, sea de responsabilidad limitada u anónima, deben ser diseñados con las cautelas pertinentes para aportar la agilidad y flexibilidad en la toma de decisiones estratégicas, como puede ser el cambio de domicilio social, para que su ejecución y efectividad se produzcan en el menor plazo posible.

Elaborado por: Barbara Estévez Closas abogada en Sánchez de Lara Abogados.

Barbara Estévez Closas

 

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